Inteligencia Artificial: el primer estándar judicial en España

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha sentado el primer estándar judicial en España sobre el uso de inteligencia artificial por parte de los abogados. A través de la Orden 61/2026, la Sala de lo Social ha establecido que la IA puede asistir en la investigación, el análisis y la redacción, pero nunca sustituir el juicio profesional del letrado. Confilegal ha dado cuenta de esta resolución pionera, que introduce el concepto de "reserva de humanidad" en la práctica jurídica española.

El caso que ha desencadenado esta doctrina partió de un escrito en el que un abogado incluyó 24 citas jurisprudenciales falsas o inexistentes, el 75% de las resoluciones citadas en el recurso. La Sala, integrada por el presidente Luis Fernando de Castro Mejuto y los magistrados Alejandro Gracia Lafaja y Pilar Carreira Vidal, no apreció dolo, pero sí una falta manifiesta de diligencia profesional por la ausencia de verificación mínima.

1.800 euros: la multa que calcula el coste de una suscripción a IA jurídica profesional

La sanción impuesta, 1.800 euros, no es arbitraria. El tribunal la ha fijado en el límite inferior legal, pero con una motivación explícita: ese importe equivale aproximadamente al coste anual de una suscripción profesional a herramientas de IA jurídica como las de vLex, Lefebvre, Tirant lo Blanch o Aranzadi. Incluso el uso gratuito de la base de datos CENDOJ habría evitado las "alucinaciones" del modelo generativo.

El cálculo no es retórico. El TSXG vincula directamente la cuantía de la infracción con la inversión necesaria para prevenirla, enviando un mensaje dual: la tecnología no es excusa de desidia, y su adopción profesionalizada es barata comparada con el coste de la negligencia.

La resolución admite atenuantes: el reconocimiento de los hechos, la disculpa presentada y la comunicación espontánea del error al cliente. Sin estas circunstancias, la sanción podría haber sido mayor. El tribunal subraya, no obstante, que la responsabilidad recae exclusivamente sobre el profesional firmante, no sobre la herramienta empleada.

"Reserva de humanidad": dos niveles de control que obligan a revisar todo contenido de IA

El estándar del TSXG articula dos mecanismos de supervisión obligatoria. El control ex ante exige seleccionar adecuadamente las herramientas de IA, evaluando su fiabilidad y idoneidad para el fin perseguido. El control ex post impone verificar la autenticidad, exactitud y relevancia de toda la información generada antes de su incorporación a documentos judiciales.

Delegar el razonamiento jurídico a un algoritmo sin estas comprobaciones constituye, según la Sala, una infracción del deber de diligencia profesional y una vulneración del principio de buena fe procesal. La formulación es técnicamente precisa: no prohíbe el uso de IA, pero lo condiciona a una intervención humana efectiva que el tribunal denomina "reserva de humanidad".

El concepto trasciende la mera revisión formal. Implica que el letrado debe comprender, validar y asumir como propio todo argumento o referencia que presente ante el juzgado. La firma del escrito no es un trámite administrativo, sino una garantía de que el contenido ha pasado por un juicio profesional crítico.

Por qué importa el lunes: despachos, legaltech y el seguro de responsabilidad civil

La doctrina del TSXG afecta a tres actores con distinta intensidad. Para los despachos tradicionales, obliga a revisar protocolos de uso de IA y a documentar los procesos de verificación. La responsabilidad solidaria del bufete no está descartada en futuras resoluciones si la negligencia es sistémica.

Para las empresas de legaltech, la resolución supone una oportunidad de mercado y un riesgo de reputación. Las plataformas que integren sistemas de verificación cruzada con bases oficiales como CENDOJ o las bases de datos de editoriales jurídicas ganarán posición frente a los modelos genéricos. Los contratos de licencia deberán aclarar límites de responsabilidad, algo que hoy no está estandarizado.

Para los departamentos de compliance y las aseguradoras de responsabilidad civil profesional, la Orden 61/2026 introduce un parámetro objetivo de diligencia que puede afectar a primas y exclusiones de cobertura. La ausencia de protocolos de "reserva de humanidad" podría configurarse como negligencia grave en futuros litigios de aseguramiento.

La próxima frontera: si el TSXG marca el paso, ¿qué harán el Supremo y el CGPJ?

El estándar del TSXG no tiene fuerza vinculante más allá de Galicia, pero su estructura argumentativa y su precisión técnica lo convierten en candidato natural a ser adoptado por otras Salas de lo Social y, eventualmente, por el Tribunal Supremo. La cuestión no es si se extenderá, sino cuándo y con qué matices.

El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia mantienen abierto desde 2024 un grupo de trabajo sobre IA en la administración de justicia. La resolución gallega les anticipa un modelo regulador que no prohíbe, pero condiciona severamente. La presión para que ese grupo produzca guías o protocolos nacionales se ha incrementado con esta resolución.

Para los abogados, la pregunta inmediata es operativa: ¿cuántos escritos firmados en los últimos meses incluyen citas no verificadas? La revisión retrospectiva de documentos, aunque no sea obligatoria, puede convertirse en práctica preventiva recomendable antes de que otro tribunal aplique el mismo estándar.