Ley 57: reorganiza su dirección y crea una fundación social

La firma legal Ley 57 reorganiza su estructura de dirección y crea la Fundación Ley 57 para la Divulgación y el Talento, una entidad sin ánimo de lucro que canalizará su responsabilidad social corporativa en el Valle del Guadalhorce. El cambio supone que el fundador, Carlos Cómitre Couto, abandona la gestión diaria tras más de 25 años de ejercicio profesional. Economist & Jurist ha dado cuenta de esta operación, que se formalizará institucionalmente en septiembre de 2026.

Ana Belén Ordóñez y Francisco Picón asumen la dirección operativa del despacho

La reorganización deja en manos de ambos socios el control del día a día de Ley 57. Se trata de una transición planificada que preserva la continuidad del bufete mientras el fundador reorienta su actividad.

Cómitre Couto no se desvincula por completo de la práctica jurídica. Seguirá atendiendo casos seleccionados dentro de su especialidad y cerrará los expedientes activos bajo su responsabilidad. Este modelo de retiro parcial es frecuente en despachos de tamaño medio, donde el fundador mantiene vínculo profesional sin interferir en la nueva gestión.

La firma, radicada en el Valle del Guadalhorce (Málaga), opera en un mercado regional donde los bufetes medianos compiten con las grandes estructuras nacionales por el asesoramiento a empresas locales y pymes andaluzas.

La Fundación: de la nota de despacho al proyecto con dos ejes concretos

La Fundación Ley 57 para la Divulgación y el Talento nace con una estructura de gobierno definida. Cómitre Couto ostenta la dirección vitalicia, un mecanismo que garantiza su liderazgo estratégico sin depender de ciclos electorales internos.

El patronato completa su composición con Raúl Martín, empresario del entorno, y Fedelhorce, representada por su presidenta, la arquitecta Silvia López Maldonado. La presencia de esta última organización, vinculada al desarrollo del Valle del Guadalhorce, anticipa que la Fundación actuará como articuladora de alianzas entre sector privado, instituciones y tejido empresarial territorial.

Las dos líneas de actuación son específicas y no genéricas:

• Emprendimiento: detección y acompañamiento de talento emprendedor en jóvenes, con énfasis en la cultura empresarial más allá de la mera financiación.
• Altas capacidades: identificación de estudiantes con habilidades excepcionales en ciencia, tecnología, humanidades, arte y música, especialmente aquellos que el sistema académico tradicional no reconoce.

La segunda línea es particularmente novedosa en el ámbito de la responsabilidad social de despachos españoles. La mayoría de fundaciones ligadas a bufetes se centran en becas jurídicas o emprendimiento; la atención a talentos no detectados por métricas escolares convencionales introduce un criterio de diversidad cognitiva poco habitual.

Septiembre de 2026: la presentación coincide con el inicio del curso académico

La presentación institucional está calendada para septiembre de 2026, al arranque del curso 2026-2027. Este timing no es casual: vincula la Fundación al calendario educativo y facilita la captación de primeros participantes entre alumnos de nuevo ingreso.

La entidad también desarrollará publicaciones, encuentros profesionales y programas de colaboración con universidades y empresas. Su función como canal de RSC para empresas del Valle del Guadalhorce posiciona a Ley 57 como intermediaria entre corporaciones locales y proyectos de impacto social mensurables, un servicio que puede derivar en relaciones comerciales para el propio bufete.

¿Por qué importa este modelo para despachos de provincias?

La operación de Ley 57 responde a una tensión estructural del sector: los bufetes regionales miden su relevancia en capacidad de retener talento y de diferenciarse de las grandes firmas nacionales que absorben clientes corporativos. La fundación como instrumento de RSC permite visibilidad institucional sin depender exclusivamente de rankings o publicaciones académicas.

Para los socios Ordóñez y Picón, el reto será demostrar que la firma mantiene estándares de rentabilidad y calidad bajo su gestión. Para Cómitre Couto, la Fundación exigirá traducir capital relacional en resultados tangibles: número de jóvenes acompañados, tasa de continuidad educativa o proyectos empresariales consolidados.

El patronato con empresarios y representantes institucionales como Fedelhorce sugiere que la gobernanza busca legitimidad más allá del ámbito jurídico. Si el modelo funciona, podría replicarse en otros despachos medianos de Andalucía o del resto de España.