Paquete antiblanqueo de la UE: nuevas reglas para 2027

Tener un manual de prevención del blanqueo de capitales ya no basta para estar en regla. El nuevo paquete antiblanqueo de la Unión Europea, que comenzará a aplicarse en 2027, eleva las exigencias para todos los sujetos obligados y armoniza de forma directa las obligaciones de diligencia debida y de control interno. Economist & Jurist recoge el análisis de Jose María Baños Raventós, director de operaciones de Molina Law Boutique, sobre por qué el cumplimiento efectivo exige un sistema vivo, no papel archivado.

El manual archivado es la trampa más frecuente

La intuición del profesional medio reduce la prevención del blanqueo a dos gestos: fotocopiar el DNI del cliente y aprobar un manual interno. Esta lectura, extendida entre despachos y empresas, ignora el núcleo de la normativa española vigente.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 304/2014, diseñan un sistema de cuatro ejes obligatorios. El primero es la identificación del titular real de la operación, no solo del firmante. El segundo, la calibración del riesgo de cada cliente y de cada operación concreta. El tercero, la vigilancia continuada de la relación en el tiempo. El cuarto, la demostración documental de que el sistema funciona efectivamente.

Baños Raventós señala el error estructural: la norma no premia la tenencia de papel, sino el funcionamiento del mecanismo. Un manual que no se aplica, que no se revisa y que no deja rastro auditable es, jurídicamente, un incumplimiento camuflado.

El paquete europeo de 2027 endurece los controles internos

El nuevo marco comunitario, que empieza a aplicarse en 2027, eleva el listón para todos los sujetos obligados. La armonización directa de las obligaciones de diligencia debida y de control interno elimina márgenes de interpretación que hasta ahora permitían prácticas desiguales entre Estados miembros.

La lógica normativa no es la de un trámite que se cumple una vez y se guarda en un cajón. Es la de un sistema vivo: saber quién hay detrás de cada operación, medir el riesgo que representa y actuar en consecuencia. Esta dinámica obliga a repensar los departamentos de compliance como áreas operativas, no como unidades de archivo.

La transición desde el cumplimiento formal al cumplimiento efectivo exige recursos técnicos y humanos que muchas estructuras aún no han incorporado. La distancia entre el deber ser normativo y la realidad de los controles internos en despachos medianos y pequeñas empresas constituye el principal foco de riesgo regulatorio.

Los cuatro pilares que el despacho debe auditar este trimestre

La práctica de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) exige una revisión inmediata de cuatro áreas concretas. Cada una deja huella documental que la supervisión puede reclamar.

• Identificación real: ¿Se verifica quién controla la operación, o solo quién la firma? La titularidad real es el punto más frecuentemente fallido en inspecciones.
• Calibración de riesgo: ¿Existe una matriz actualizada que clasifique clientes y operaciones? El riesgo no es estático; cambia con el cliente, el sector y la geografía.
• Vigilancia temporal: ¿Se revisan las relaciones existentes periódicamente? La norma exige control continuado, no puntual.
• Trazabilidad demostrable: ¿Se documentan las decisiones, las alertas y las resoluciones? La ausencia de prueba de funcionamiento es, en sí misma, una infracción.

El cumplimiento efectivo demanda que el despacho o la empresa traten estos cuatro ejes como un ciclo, no como una lista de tareas aislada. La cadena se rompe en el eslabón que no deja constancia.

La denuncia interna entra en el radar del compliance

La normativa europea conecta el paquete antiblanqueo con otra novedad reciente en el ámbito del compliance: las empresas de más de 50 empleados deben habilitar un canal de denuncias. Este requisito, ya vigente, impacta directamente en la detección de operaciones sospechosas.

El canal de denuncias no es un apéndice del sistema de prevención del blanqueo. Es una pieza operativa que puede activar la obligación de comunicar operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF). La separación entre ambos mecanismos, sin coordinación, genera duplicidades o, peor, silencios normativos.

La Autoridad Bancaria Europea ha emitido directrices sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que los sujetos obligados deben integrar en sus protocolos. La convergencia entre normativa bancaria, directivas de mercados y reglamentos de transparencia añade complejidad a la puesta al día de 2027.