Abogacía Española: crean el Consejo Asesor de Derecho Tributario

La Abogacía Española ha creado el Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT), un órgano de 11 especialistas para reforzar la seguridad jurídica de los contribuyentes ante un sistema fiscal cada vez más complejo. El anuncio, realizado este miércoles por el presidente del Consejo General, Salvador González, llega en un momento de explosión del derecho tributario: la facturación del sector se ha duplicado en cinco años. Abogacía Española ha puesto en marcha esta iniciativa cuando el volumen de negocio de la especialidad alcanzaba los 1.388 millones de euros en 2024, según datos del INE.

De 654 a 1.388 millones: el tributario crece el doble que el resto del sector

La especialización fiscal ha experimentado un crecimiento acumulado del 112% entre 2019 y 2024. Esta cifra, facilitada por el Instituto Nacional de Estadística y analizada por la propia Abogacía Española, distancia claramente al tributario de la evolución general del mercado legal.

El dato no es anecdótico. Refleja una presión fiscal creciente, más litigiosidad y una mayor demanda de asesoramiento preventivo por parte de empresas y particulares. El CADT nace con la vocación de canalizar esta tensión hacia propuestas normativas concretas.

Los 11 miembros del Consejo combinan tres perfiles: académicos, exinstitucionales y profesionales en ejercicio. Esta composición responde a una estrategia deliberada: evitar que el órgano se convierta en un mero foro teórico o en un lobby corporativo.

Salvador González y los cinco ejes del CADT: de la seguridad jurídica al secreto profesional

El presidente del Consejo General ha definido el CADT como una herramienta para "equilibrar" la relación entre administraciones tributarias y contribuyentes. El mandato del órgano se concreta en cinco ámbitos de análisis:

• Seguridad jurídica: evaluar la estabilidad normativa y su interpretación uniforme por parte de los tribunales.
• Calidad normativa: revisar la técnica legislativa en materia fiscal para reducir ambigüedades.
• Predictibilidad administrativa: analizar la consistencia de los criterios de la Agencia Tributaria y otros órganos.
• Derecho de defensa: vigilar que los procedimientos garanticen la contradicción y el acceso a la justicia.
• Secreto profesional: proteger la confidencialidad de la relación abogado-cliente en el ámbito tributario.

Además de estos ejes estructurales, el CADT abordará cuestiones transversales. El primero de ellos ya está sobre la mesa: el régimen de plazos administrativos durante el mes de agosto, una anomalía que condensa la inactividad de las administraciones en pleno verano y genera incertidumbre sobre la interrupción de los plazos de recurso.

Diálogo institucional y formación: la apuesta por incidir "desde dentro"

El CADT no se plantea como un observatorio crítico desde la oposición. Su estrategia pasa por el diálogo institucional directo con las administraciones públicas y la generación de informes técnicos que alimenten la calidad regulatoria.

La formación especializada ocupará un lugar central en su actividad. El objetivo es elevar el nivel técnico de la abogacía tributaria, pero también sensibilizar a jueces, fiscales y funcionarios sobre el impacto práctico de sus decisiones.

Esta aproximación contrasta con la postura más combativa de algunos colegios profesionales y asociaciones de contribuyentes. La Abogacía Española apuesta aquí por la influencia técnica frente a la confrontación pública, al menos en esta materia.

El verano como problema normativo: por qué agosto entra en el radar del CADT

La inclusión del régimen de plazos de agosto como primer tema transversal del Consejo revela una preocupación muy específica. Durante ese mes, la práctica totalidad de las administraciones tributarias reduce su actividad al mínimo, pero los plazos procesales no siempre se suspenden de forma clara.

Esta incertidumbre afecta directamente al cálculo de los plazos para formular reclamaciones, recurrir actos de liquidación o presentar alegaciones. Para el despacho de medio tamaño o el abogado de empresa (in-house), equivocarse en un cómputo de días puede significar la pérdida de una vía de defensa.

El CADT se propone revisar este régimen y proponer modificaciones que armonicen el calendario administrativo con las garantías del contribuyente. No es un tema menor: en plena digitalización de la relación con la Agencia Tributaria, los sistemas automatizados no siempre reconocen estas peculiaridades calendáricas.