Guardia Civil: Imputan a directivos por prevaricación y obstrucción
El juez Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputados a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y a Manuel Llamas, subdirector operativo del Instituto Armado, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la investigación judicial. Se trata del primer escalón que alcanza la cúpula de la Guardia Civil en esta causa, que ya ha provocado el cese de la cúpula de la UCO y que ahora sitúa en el punto de mira a quienes ostentan el mando operativo y político del cuerpo. La información ha sido adelantada por Confidencial Digital.
Mercedes González y las tres reuniones con Leire Díez: el calendario que la sitúa ante Pedraz
La investigación de la UCO documenta tres encuentros cara a cara entre González y Leire Díez, exmilitante socialista, en fechas clave: 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025. Los investigadores sostienen que Díez utilizó su relación con la directora general para impulsar "investigaciones internas" contra la propia UCO y así dificultar su trabajo.
González ya admitió esos contactos y intercambios por WhatsApp en una comparecencia en el Senado en mayo de 2025. Entonces explicó que las reuniones se produjeron cuando Díez estaba en Correos y ella era delegada del Gobierno en Madrid. Negó, no obstante, haber interferido jamás en investigaciones de la UCO. En esa misma comparecencia, González reveló que en mayo de 2025 Díez le pidió que devolviera al Comandante Rubén Villalba a su puesto. Villalba está investigado en el llamado "caso Koldo". González afirmó haber rechazado esa petición de plano.
Manuel Llamas y la presión sobre la UCO para frenar la investigación del hermano de Sánchez
El subdirector operativo Llamas responde a una acusación distinta. El informe de Rafael Yuste, jefe de la UCO entre 2023 y 2025, documenta presiones ejercidas sobre la unidad para que "diera un paso atrás" en la investigación judicial sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la citación de Llamas. Los fiscales sostienen que la intención era generar un "efecto disuasorio" para paralizar las pesquisas de la UCO. Según su tesis, la estrategia buscaba "inquietar" a la unidad alimentando sospechas sobre sus métodos ante la directora general, lo que derivó en la apertura de fichas de información reservada. Una de esas fichas versó sobre la supuesta filtración a la prensa de mensajes entre José Luis Ábalos y otros dirigentes socialistas.
La declaración del jueves: qué responde Pedraz y qué escenarios deja abiertos
La comparecencia de González y Llamas ante la Audiencia Nacional fija un hito inédito. Ningún director general de la Guardia Civil había sido hasta ahora investigado en esta causa. La prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y la obstrucción a la investigación judicial (artículo 458) son delitos que, en caso de confirmarse, pueden conllevar penas de inhabilitación y, en el primero, prisión de uno a cuatro años.
La estrategia defensiva de González pasa por distinguir entre contactos personales e intervención institucional. Su argumento en el Senado ya apuntaba a que la petición sobre Villalba fue rechazada, lo que busca desmontar la existencia de un modus operandi sistemático. Para Llamas, la clave estará en si la Fiscalía logra demostrar que sus presuntas presiones sobre Yuste respondían a una orden superior coordinada o a una iniciativa aislada.
El juez Pedraz trabaja con un calendario apretado. La causa avanza paralelamente a otras piezas del entramado judicial que afectan al entorno del PSOE, desde el "caso Koldo" a las investigaciones sobre la trama de compra de material sanitario durante la pandemia. La citación de la cúpula de la Guardia Civil eleva el tono de la investigación y obliga a Interior a gestionar una crisis institucional con el cuerpo en plena reorganización.
El próximo paso: la declaración de Yuste como testigo clave
Pedraz debe decidir si cita a Rafael Yuste como testigo o perito en próximas semanas. Su informe es la base documental de las imputaciones contra Llamas y, de forma indirecta, alimenta la línea investigadora que apunta a una coordinación desde la cúpula del Ministerio. La comparecencia de Yuste, prevista para antes de que concluya el verano judicial, puede forzar nuevas citaciones o, en su defecto, archivar parcialmente la línea de presiones sobre la UCO.
Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene en funciones a González y Llamas pese a su condición de imputados. El Ministerio de Interior no ha anunciado medidas cautelares ni ceses provisionales, una decisión que contrasta con la rapidez en la destitución de Yuste y otros mandos de la UCO. ¿Diferencia de trato entre cúpula política y cúpula operativa? La pregunta resuena en los pasillos de los juzgados de la Plaza de Castilla.
Preguntas frecuentes
¿Qué delitos imputa el juez Pedraz a la cúpula de la Guardia Civil?
Prevaricación (artículo 404 CP) y obstrucción a la investigación judicial (artículo 458 CP). La primera castiga al funcionario que dicta resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia; la segunda, al que obstaculiza el ejercicio de la función jurisdiccional.
¿Quién es Rubén Villalba y por qué pidieron su reingreso?
Es un comandante de la Guardia Civil investigado en el "caso Koldo", la trama de comisiones en la compra de material sanitario durante la pandemia. Leire Díez pidió a González que lo devolviera a su puesto en mayo de 2025; González dice que lo rechazó.
¿Puede seguir González al frente de la Guardia Civil siendo imputada?
La legislación española no impide automáticamente que un cargo político mantenga su puesto con imputación previa. Sin embargo, el Ministerio del Interior puede acordar medidas cautelares de separación provisional, algo que por ahora no ha hecho en este caso.