Juan Carlos Campo: la polarización extrema pone en riesgo los derechos

Campo, desde el Tribunal Constitucional: la polarización extrema genera "imaginarios patrióticos" que justifican recortar derechos

Juan Carlos Campo Moreno, magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, ha advertido en El Escorial del riesgo de que la polarización política extrema alimente lo que ha denominado "imaginarios patrióticos". Estos discursos, en su análisis, terminan justificando restricciones de derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Confilegal recoge su intervención en el cierre del curso "Justicia y Estado de Derecho" de la Universidad CEU San Pablo.

La intervención de Campo resulta particularmente relevante por su trayectoria institucional. Ha ocupado cargos en los tres poderes del Estado: juez en la Audiencia Nacional, diputado y portavoz de Justicia del Grupo Socialista entre 2016 y 2019, y ministro de Justicia desde enero de 2020 hasta julio de 2021, durante el primer gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Habermas, Han y la "recesión democrática" mediática

Campo citó a los filósofos Jürgen Habermas y Byung-Chul Han para fundamentar su diagnóstico. Atribuyó la "recesión democrática" actual a la voracidad de los medios de comunicación y las redes digitales. La polarización extrema, en su lectura, produce un "negacionismo del adversario" y una preferencia por el reduccionismo frente a la complejidad.

Este fenómeno no es abstracto. Campo conectó la polarización con una consecuencia concreta: la proliferación de "imaginarios patrióticos" que legitiman la restricción de libertades como la circulación o la reunión, siempre bajo el paraguas de la seguridad o el orden público. El magistrado no citó ejemplos específicos, pero el marco teórico apunta a dinámicas observables en diversos sistemas democráticos europeos.

La distinción que estableció entre rendición de cuentas institucional y exposición privada resulta clave. Campo calificó de "pornografía institucional" la escrutinización exhaustiva de la vida privada de los cargos públicos, distinguiéndola del control necesario sobre patrimonios e incompatibilidades. Para el magistrado, la confianza sostiene las instituciones; la vigilancia total las mata.

Por qué los tribunales han sustituido a los parlamentos como contrapoder

Campo analizó un desplazamiento histórico sin precedentes. El siglo XIX estuvo dominado por los parlamentos; el XX, por los ejecutivos. El XXI, en cambio, ha convertido a los tribunales en un "poder contramayoritario" por presión de la propia democracia, no por diseño constitucional.

Identificó tres causas de este fenómeno:

• Juicios paralelos: la voracidad mediática genera procesos públicos paralelos a los judiciales, que condicionan la percepción social antes de las resoluciones.
• Parálisis legislativa: el ritmo de los cambios sociales supera la capacidad de respuesta del legislador, que no logra actualizar el marco normativo.
• Delegación judicial: los políticos derivan a los tribunales conflictos que no quieren resolver en el parlamento, ya sea por coste electoral o por imposibilidad de acuerdo.

El resultado, según Campo, es una judicaturización creciente de la política que el propio poder judicial no ha buscado, pero que debe gestionar.

La lección de El Escorial: ¿hacia dónde apunta el Constitucional?

La intervención de Campo en El Escorial adquiere una dimensión institucional adicional por su actual posición en el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías de la Constitución española se ha situado en los últimos años en el centro de controversias políticas de alta intensidad, desde la aplicación del artículo 155 en Cataluña hasta la composición de sus propios miembros.

El magistrado no mencionó casos concretos pendientes, pero su reflexión sobre el "poder contramayoritario" funciona como marco interpretativo para entender las tensiones actuales. El TC ha asumido funciones de árbitro político que el diseño originario no le asignó de forma explícita, en parte por los vacíos que dejan los otros poderes.

La pregunta que plantea Campo, aun sin formularla textualmente, es si este rol es sostenible sin una reconstrucción del pacto de confianza entre instituciones y ciudadanía. Su apuesta por la confianza frente a la vigilancia total sugiere una vía, no una solución ya elaborada.

El curso de El Escorial y el debate sobre el Estado de Derecho

La Universidad CEU San Pablo ha convertido su curso de verano en El Escorial en un foro recurrente para el debate jurídico-político de alto nivel. La edición de 2026, centrada en "Justicia y Estado de Derecho", ha contado con la participación de magistrados, catedráticos y políticos en activo.

La elección de Campo como ponente de cierre indica el peso que su perfil transversal —juez, político, ministro, ahora magistrado de garantías— tiene en el circuito académico e institucional. Su discurso no fue técnico ni especializado, sino deliberadamente ensayístico, con apelación a filósofos y categorías políticas más que a artículos concretos o sentencias.

Este registro, inusual para un magistrado del TC en ejercicio, puede leerse como una toma de posición sobre el tono del debate público o como una estrategia de legitimación institucional en un momento de erosión de la confianza en los órganos de justicia.

La próxima cita: el pleno del TC sobre recursos de amparo pendientes

El Tribunal Constitucional retomará su actividad ordinaria en septiembre de 2026, con un notable volumen de recursos de amparo pendientes que afectan a legisladores autonómicos y estatales. La capacidad del órgano para resolver estos asuntos sin que se interprete como intervencionismo político será una prueba directa de los diagnósticos que Campo expuso en El Escorial.

El magistrado no anticipó su posición en ningún caso concreto. Su intervención, sin embargo, deja entrever un criterio: la institución que representa debe resistir la tentación de convertirse en órgano de gobierno, aun cuando otros poderes la empujen a ese papel. La pregunta es si los partidos que designan a sus miembros comparten esta autolimitación.