Justicia Gratuita en Granada: abogacía denuncia crisis sistémica

La abogacía granadina reclama mejoras en la Justicia Gratuita tras constatar un deterioro sistémico que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio. El Colegio de Abogados de Granada ha elevado la voz con motivo del Día de la Justicia Gratuita, celebrado el 12 de julio, ante una situación de sobrecarga profesional y fuga de letrados que no tiene visos de revertirse sin intervención estructural. El Derecho recoge las cifras y las demandas del colectivo.

48.253 asuntos en 2025: la matemática de la asfixia

Los abogados de oficio de la provincia gestionaron el año pasado 48.253 expedientes. Esto supone una media superior a 130 asuntos diarios en el conjunto del servicio.

La distribución por materia revela la asimetría del sistema: el 69% de los casos corresponde a la jurisdicción penal, el 20% a civil, el 8% a contencioso-administrativo y apenas el 3% a la jurisdicción social. Esta concentración penal obliga a una disponibilidad permanente que raramente se traduce en compensación económica proporcional.

La plantilla asignada al Turno de Oficio al cierre de 2025 era de 944 colegiados; otros 867 prestaban servicio en Asistencia Letrada. Ambas cifras, sin embargo, enmascaran una tendencia de contracción: desde 2020, el número de letrados que aceptan estos designamientos ha caído más de un 10%.

De 944 a 30%: la proyección que inquieta al decanato

El peso relativo de la abogacía de oficio dentro del colectivo se ha reducido del 39% al 34% en los últimos cinco años. El decano Leandro Cabrera y su vicedecano Pablo Argente advirtieron que, de mantenerse la tendencia, solo tres de cada diez abogados en ejercicio estarán disponibles para la justicia gratuita en 2030.

El Consejo General de la Abogacía Española ha cuantificado el efecto multiplicador de esta fuga. En Andalucía, la ratio anual de asuntos por letrado pasará de 25,5 a 39,4 antes de que termine la década. Una carga que, en opinión del decanato, resulta incompatible con la calidad de la asistencia jurídica.

El contexto no es exclusivo de Granada. La inversión per cápita en justicia gratuita en Andalucía se sitúa en 5,5 euros, frente a los 7,25 euros de media estatal. La Junta de Andalucía destinó el año pasado más de 6 millones a la provincia: 4,1 millones para el Turno de Oficio, 1,3 millones para Asistencia Letrada y algo más de medio millón en infraestructuras. Insuficiente, según el colectivo, para cubrir la demanda real.

"Mismos derechos, mismos profesionales": la campaña que pone precio al derecho

Leandro Cabrera y Pablo Argente presentaron el 12 de julio la campaña "Mismos derechos, mismos profesionales" en la Plaza del Carmen de Granada. El acto contó con la presencia de la concejal del PP Rosario Pallarés y las ediles de Vox Beatriz Sánchez y Mónica Rodríguez.

Cabrera fue explícito: la justicia gratuita es trabajo profesional, no voluntariado. Su sostenibilidad pasa por una remuneración que compense la complejidad y la urgencia de los asuntos asignados. El mensaje apunta a un debate recurrente en el sector: la congelación o reducción efectiva de las tarifas del turno de oficio desde hace años.

Argente apuntó a la raíz normativa del conflicto. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita data de 1996. Treinta años después, el texto no refleja ni la realidad procesal actual ni las exigencias de una abogacía sometida a plataformas digitales, plazos estrictos y una carga documental creciente.

La reforma de 1996, en el punto de mira sin fecha de caducidad

La reclamación granadina se suma a una presión creciente sobre el legislador. La Ley 1/1996, de 10 de enero, reguló la asistencia jurídica gratuita en un contexto previo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2003, a la digitalización de los órganos judiciales y a la expansión de la mediación y la justicia restaurativa.

Los colegios de abogados llevan años solicitando una actualización que incluya, al menos, revisión tarifaria, compensación efectiva de gastos de desplazamiento y plazos razonables de pago por parte de las administraciones. La respuesta institucional, sin embargo, ha sido fragmentaria y territorialmente desigual.

Para el jurista de empresa o el despacho que opera en el entorno granadino, la situación tiene efectos colaterales. La saturación del turno de oficio retrasa los procedimientos que afectan a personas jurídicas —testigos, perjudicados, partes civiles— y dilata la resolución de conflictos que el ordenamiento considera prioritarios.

¿Habrá reforma antes de que el turno pierda otro 10% de efectivos?

El calendario legislativo estatal no contempla, de momento, una reforma orgánica de la asistencia jurídica gratuita. El Gobierno en funciones tras las elecciones generales de julio de 2026 mantiene congelada la mayoría de las iniciativas procesales pendientes.

El Colegio de Abogados de Granada ha anunciado que prolongará la campaña "Mismos derechos, mismos profesionales" durante el próximo curso procesal. La intención es trasladar el diagnóstico a las Cortes andaluzas y, en paralelo, negociar con la Consejería de Justicia un protocolo de pagos que reduzca la demora actual.

La pregunta que queda sobre la mesa es numérica: si la ratio de 25,5 asuntos por letrado ya generaba abandono del servicio, ¿qué ocurrirá cuando se alcancen los 39,4 previstos para 2030? El decanato no descarta movilizaciones si la respuesta institucional sigue ausente.